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¿EL FIN DE LA SOLIDARIDAD DEMOCRÁTICA EN LAS AMÉRICAS?
Por Roger F. Noriega
No. 5, junio 2007
 
Hasta no hace mucho, los gobiernos americanos comprendían el valor de trabajar juntos para consolidar una tendencia histórica y promisoria hacia la democracia. Hoy, que la democracia enfrenta el desmantelamiento en varias naciones y el asedio del autoritario presidente venezolano Hugo Chávez Frías, los países de América Latina parecen haber abandonado el ideal fraterno de la solidaridad interamericana. Tanto Estados Unidos como la Organización de Estados Americanos (OEA) pueden colaborar más por rescatar el compromiso regional con la democracia. Sin embargo, a menos que los gobiernos de América Latina y el Caribe estén dispuestos a defender sus principios juntos, el fin de la solidaridad democrática ya está en el horizonte.
 
El 11 de septiembre de 2001, los miembros de la OEA firmaron la Carta Democrática Interamericana, según la cual todos los firmantes se comprometían a custodiar los elementos esenciales de la democracia representativa. Con ello, reafirmaron su determinación a trabajar colectivamente para promover y defender la democracia constitucional como la forma ideal de gobierno. Cuando, en los últimos meses, enfrentaron el desafío de oponerse a flagrantes violaciones a la libertad de expresión, la división de poderes y el orden constitucional, la OEA y sus estados miembros no hicieron nada. La historia recordará que el cuerpo multilateral más importante de la región se reunió este mes para hablar--escuche bien--del etanol. Si el ideal de solidaridad democrática interamericana se entierra bajo semejante indiferencia, no es sólo porque Chávez quiere eliminarla. Es porque la mayoría de los otros estados de la región no acordaron que la defensa colectiva de la democracia es un principio que amerita salvaguardarse.
 
En Venezuela, Chávez está consolidando el control dictatorial de la legislatura, las cortes, el aparato electoral y, ahora--con su cierre de la última emisora independiente, el 28 de mayo--, los medios. Incluso, Chávez está forzando a sus aliados políticos nacionales a unirse a su partido político unitario. Chávez militarizó la política y politizó a los militares; los soldados venezolanos, que alguna vez fueron dignos y nacionalistas, hoy se ven obligados a devolver la venia con el lema fidelista de "Patria, socialismo o muerte".
 
Algunos apologistas dirán que así lo quiere el pueblo de Venezuela, pero la campaña antidemocrática de Chávez no se limita a su propio país. Mediante el uso del tesoro petrolero de su nación como si éste fuera una caja chica, Chávez inspiró y respaldó a un grupo de autócratas electos que están atacando los cimientos de las democracias de varios países latinoamericanos.
 
Acerca de decir lo que hay que decir
 
A menos que Estados Unidos se manifieste con mayor claridad y responda de manera más efectiva a esta peligrosa tendencia, difícilmente podamos esperar que los demócratas de la OEA o de otras capitales de Europa y de América Latina alcen la voz contra esta tendencia. Por supuesto, hablar sólo con la intención de provocar a Chávez es una estrategia destinada al fracaso: la atención lo beneficia, su dominio de los insultos es superior al de cualquier diplomático estadounidense y es capaz de decir cualquier cosa. Por otra parte, no hablar porque Chávez podría sentirse provocado hace que otros en la región se pregunten si Estados Unidos sabe o se interesa lo suficiente para reaccionar.
 
Los críticos de buen corazón siempre se horrorizarán cuando un funcionario estadounidense haga declaraciones públicas que irriten a Chávez o a sus compinches, pero hay una diferencia abismal entre lanzar insultos personales y expresar preocupación por la dirección en la que Chávez lleva a Venezuela e invocar la obligación del presidente de respetar la democracia representativa. Todos los gobiernos electos de la región--incluido el de Venezuela--pueden estar seguros de que Estados Unidos está dispuesto a mantener un diálogo respetuoso y civilizado. Sin embargo, el diálogo y la diplomacia no son fines en sí mismos. Si emitimos señales contradictorias y damos la impresión de no querer realizar juicios de valor sobre los acontecimientos conflictivos de la región, empeoramos las cosas para nosotros y para nuestros amigos en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y todos los demás países de América Latina.
 
Irónicamente, los latinoamericanistas de Estados Unidos, quienes se ofenden más que nadie ante estos juicios de valor o la menor crítica de líderes hostiles, son los primeros en poner reparos a nuestros amigos. Tienen muy poco que decir cuando Chávez perfecciona una dictadura en Venezuela pero, en las últimas semanas, no vacilaron en realizar declaraciones públicas duras--y hasta humillantes--sobre Álvaro Uribe, aliado de Estados Unidos y presidente de Colombia. Es natural que la ideología tiña lo que uno dice o hace en política exterior. Sin embargo, cuando los latinoamericanistas de este país y del resto de la región hacen la vista gorda a "Chávez el autoritario" debido a su simpatía por el papel de "Chávez el vengador socialista", arriesgan tanto su honor como su credibilidad.
 
Como mínimo, no deberíamos permitir que nuestros amigos se preguntaran qué piensa Estados Unidos en realidad sobre lo que ocurre en la región, en especial en países en los que la democracia representativa sufre el ataque de autócratas antidemocráticos. Por ejemplo, los acólitos de Chávez en Bolivia y Ecuador imitaron su estilo y utilizaron las victorias electorales para rescribir las reglas del juego en su favor. Es un hecho que los plebiscitos y convenciones constitucionales pueden emplearse para construir democracias más saludables, siempre y cuando el proceso refleje un compromiso con la creación de un consenso nacional constructivo. Pero también es cierto que las mayorías pueden abusar de estos instrumentos si no se protegen los derechos de las minorías.
 
Sin duda, cualquiera que conozca el abuso del proceso de la asamblea constituyente por parte de Chávez sabe qué puede pasar cuando una herramienta se utiliza para demoler instituciones democráticas y reconstruirlas al servicio de un individuo o una ideología. Por cierto, Evo Morales, el presidente boliviano, y Rafael Correa, el de Ecuador, parecen estar poniendo en práctica esas lecciones con una despreocupación temeraria.
 
Tal vez sea una política inteligente intentar mantener abiertos los canales diplomáticos con La Paz y Quito en lugar de cedérselas al bando de Chávez. Pero cuando sus líderes se disponen a socavar la democracia fingiendo perfeccionarla, dejan bien clara su postura, y nosotros no deberíamos vacilar a la hora de expresar nuestras reservas. De lo contrario, nuestros amigos percibirán que están solos en la lucha por proteger sus instituciones y su libertad. Como la democracia más antigua del mundo, no podemos permitírnoslo.
 
En el fragor de la batalla
 
La elección de líderes poco ortodoxos como Morales y Correa--lejos de ser irredimible--prueba que la democracia puede darle a los países los líderes que quieren y necesitan. A pesar de las críticas por su pasado, Morales obtuvo la victoria en primera ronda con un margen histórico de 54%. En Ecuador, los líderes políticos tradicionales se encontraban tan profundamente desprestigiados que una dosis del vigoroso populismo de Correa parecía ser justo lo que se precisaba. 
 
Las instituciones tradicionales de Bolivia y Ecuador que tan sólo una década atrás habrían bloqueado el camino al poder de estos líderes reconocieron su derecho legítimo al poder. Tanto Morales como Correa podrían haber optado por fortalecer las instituciones democráticas que los eligieron, pero ambos están decididos a abandonar su constitución y utilizar asambleas populares para redactar manifiestos revolucionarios a fin de alterar drásticamente el orden político y económico de su país. En consecuencia, lo que está sucediendo en estos países hoy en día se parece más a una lucha de clases a brazo partido que a una renovación democrática. 
 
Para Morales resulta igualmente difícil satisfacer las demandas airadas de sus propios seguidores a ultranza que enfrentarse a sus tenaces opositores tradicionales. En julio de 2006, los ciudadanos bolivianos eligieron a 225 miembros de una asamblea constitucional que tendría hasta agosto de 2007 para redactar una nueva constitución. Dado que al partido político de Morales le faltaron diecinueve votos para obtener el margen de dos tercios requerido por la actual constitución para enmendar esta decisión, Morales intentó rescribir las reglas del juego mediante el establecimiento de requisitos de mayoría simple. La oposición adinerada de Morales se mantuvo unida para resistirse a estas tácticas, lo que desaceleró el ritmo de la revolución de Morales. Cerca de la mitad de este programa de doce meses para rescribir la constitución se consumió en esta batalla crucial y encarnizada sobre la mayoría requerida para la aprobación de las enmiendas, de modo que la asamblea constitucional no avanzó mucho en la primera redacción y creación de respaldo de los principios de una nueva constitución. 
 
La lucha por una nueva constitución ha tenido altos costos políticos para Morales. Ha tenido que enviar tropas para sofocar la violencia, incluso la de algunos de sus seguidores. Además, cuatro de las provincias más ricas de Bolivia, cansadas del pensamiento retrógrado y autodestructivo, no muestran indicios de abandonar su lucha por la autonomía. Recientemente el Vicepresidente instigador de Morales, Álvaro García Linares, tuvo que realizar comentarios tranquilizadores para calmar la ansiedad de los sectores productivos y la clase media de Bolivia. Aún así, la misma violencia popular que derrocó a sus dos predecesores pende como la espada de Damocles sobre Morales y sus opositores tradicionales. 
 
Correa llegó a la presidencia con muy pocos aliados en el congreso, por lo que ha tenido que librar una batalla frontal con el sistema político de Ecuador. Las facciones rivales han usado las reglas a su favor de manera agresiva. En febrero, el bando de Correa y un pequeño grupo de la oposición sancionaron un referéndum para aprobar la formación de una asamblea constitucional (salvo uno, todos los miembros de la oposición boicotearon la votación). Luego, los legisladores de la oposición trataron de iniciar procedimientos de impugnación contra los jueces del Tribunal Supremo Electoral debido a su decisión de aprobar la asamblea constitucional. Los jueces respondieron despidiendo a los cincuenta y siete congresistas implicados. Incluso luego de que el electorado ecuatoriano votara para crear una asamblea constitucional y cincuenta y uno de los cincuenta y siete legisladores despedidos fueran readmitidos, Correa llegó a enviar a la policía para que impidiera que retomaran su cargo.
 
Si bien algunos defienden este proceso como una forma característica de Ecuador de deshacerse de una gran cantidad de cuestiones problemáticas, las luchas entre las diversas ramas del gobierno están desmembrando a las instituciones del país. La Carta Democrática Interamericana se refiere de manera explícita a este tipo de agresión de una rama de gobierno a la otra. Resulta difícil imaginar cómo puede surgir un consenso nacional constructivo o una constitución inclusiva de un proceso tan controvertido y polarizador. 
 
Volviendo a Venezuela, los estudiantes universitarios lideraron fuertes protestas en repudio a la decisión del presidente Chávez de acallar a Radio Caracas Televisión (RCTV), la única red de transmisión que aún permanecía al aire que no era portavoz de su régimen. Esta última medida no es más que otro paso en el camino hacia la dictadura, ya que Chávez ha socavado sistemáticamente las ya débiles instituciones democráticas de su país. 
 
Los recientes disturbios en Venezuela confirman la idea de que los líderes que no permiten la oposición pacífica tornan inevitable una oposición violenta. Esta última batalla se produjo por la decisión de Chávez de no renovar la licencia de RCTV, que tiene una programación con entretenimiento, además de noticias. Para Chávez no sería suficiente tener bajo su égida cuatro cadenas nacionales de televisión, si aún quedase una voz independiente. Por lo tanto, Chávez convirtió lo que normalmente sería una renovación de licencia de rutina en una confrontación ideológica con los propietarios de RCTV y, como se vio después, con la oposición, que cree que la decisión constituye el paso definitivo hacia la dictadura.
 
En su mayor parte, la reacción internacional frente a esta última medida tomada por Chávez para consolidar su poder fue débil. Aunque el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, se refirió al hecho como una "herida mortal" a la democracia, los jefes de Estado de otros países de América Latina se mantuvieron callados. Los legisladores de Chile y Brasil votaron a favor de condenar el cierre de RCTV. El parlamento europeo también condenó el hecho, y el Senado de Estados Unidos aprobó de manera unánime una resolución respaldada por los dos partidos.
 
En la Asamblea General de la OEA realizada en Panamá, muchos Estados miembros--entre ellos Canadá, Guatemala, Honduras y Perú--hablaron del problema de la libertad de expresión, aunque ninguno se refirió explícitamente al caso de RCTV. La secretaria de Estado Condoleezza Rice criticó el cierre de RCTV por parte de Chávez y lo calificó de amenaza a la democracia. La secretaria Rice dijo a sus colegas de la OEA:
 
En una democracia, los ciudadanos de un país deben tener la seguridad de que las políticas de su gobierno serán sometidas a la crítica por una prensa libre e independiente, sin interferencia de su gobierno. Los ciudadanos de Estados Unidos gozan de esa seguridad. Deseo sinceramente que los ciudadanos de Venezuela la tengan también[1].
 
Si bien los comentarios de la secretaria Rice, según algunas fuentes, fueron recibidos con una ovación, el silencio oficial de la OEA fue ensordecedor. El grupo de diplomáticos regionales no emitió ni siquiera una resolución o comunicado que mostrara un compromiso a actuar sobre la flagrante restricción de la libertad de expresión en Venezuela.
 
La secretaria Rice sostuvo que ella "invocó" la Carta Democrática, algo que suscitaría un proceso de revisión por parte del Consejo Permanente de la OEA. Sin embargo, a menos que dicha moción se realice formalmente y consiga reunir un apoyo de consenso, es probable que la iniciativa de Estados Unidos no sea tenida en cuenta. A la luz del silencio de los delegados de América Latina y el Caribe, es probable que la OEA no haga nada al respecto.
 
La defensa de nuestros principios
 
Sabemos que no es fácil juzgar si los tumultuosos hechos acaecidos en Bolivia y Ecuador constituyen un ataque a la democracia o si reflejan un orden político y social cambiante basado en la voluntad popular de las mayorías. De cualquier modo, es difícil entender cómo es posible gobernar--ya sea bien, mal o regular--en estos países. En nombre de la reforma democrática se libran feroces batallas que enfrentan a las partes por cuestiones políticas, sociales y raciales. En ninguno de estos países una facción tiene el monopolio sobre la virtud. Todos los frentes sostienen que luchan en pos de instituciones más transparentes y responsables, de la descentralización del poder político y de una democracia más representativa. Pero no es posible que todos tengan razón, y deberíamos tener el coraje de denunciarlo antes que considerar a los autócratas y a los demócratas como iguales desde un punto de vista moral.
 
La mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe no están dispuestos a intervenir en los asuntos internos de una nación hermana, menos aún si ello implica el riesgo de una confrontación bilateral con el volátil y acaudalado Chávez. Por esta razón, la OEA puede cumplir un papel fundamental como instrumento para investigaciones y acciones regionales concertadas. Si el Secretario General de la OEA es fuerte y cuenta con la confianza y el respaldo de los países clave, puede hablar y actuar--con cautela y respeto, claro--como representante de la región para examinar sucesos preocupantes y recomendar respuestas regionales.
 
De hecho, tras haber sido elegido secretario general en 2005, el chileno José Miguel Insulza se comprometió a hacer de la OEA un instrumento eficaz para lidiar con líderes electos que no gobernaran democráticamente:
 
La Carta Democrática Interamericana contiene todos nuestros compromisos para forjar una comunidad de naciones libres, cuyos gobiernos no sólo se generan democráticamente, sino también gobiernan con pleno apego al estado de derecho, garantizando siempre los derechos humanos de todos sus ciudadanos. La Carta no es sólo un acuerdo de gobiernos; es también una victoria de nuestros pueblos y como tal debemos respetarla de manera irrestricta[2].
 
A su favor, cabe señalar que el nuevo Secretario General propuso varios mecanismos nuevos a fin de permitir que la OEA recibiera quejas referidas a amenazas a la democracia. Sin embargo, como los estados miembros no apoyaron estas ideas, aparentemente se retractó. En diciembre del año pasado, Insulza envió una delegación tristemente débil a Venezuela para que "observara" las poco democráticas elecciones presidenciales, lo cual constituyó una rendición ante las ridículas exigencias de los ingenieros electorales de Chávez. Cuando Insulza se atrevió a expresar una leve inquietud por el problema de RCTV en diciembre, Chávez lo trató de idiota, y, en mayo de 2007, un Insulza escarmentado declaró, a priori, que la OEA:
 
 . . . no tiene la menor intención de emitir condena alguna contra Venezuela . . . La única institución, la única posibilidad de sanciones de la OEA está dada por su Consejo Permanente, por su Asamblea General. Que yo sepa, y creo saberlo bien, no ha habido nunca ninguna denuncia, ni ninguna crítica, ni ninguna petición de acción del Consejo respecto a Venezuela.[3]
 
De hecho, el secretario general sabe que tiene amplias atribuciones para actuar, de acuerdo con la carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y varias resoluciones adoptadas en años recientes, a fin de llevar a cabo una revisión de cualquier situación que se produzca en América, con miras a informar al Consejo Permanente. Como mínimo, la OEA debería servir como instrumento para analizar los sucesos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Sin embargo, para que Insulza tome la iniciativa, es preciso que cuente con el apoyo de una masa crítica de países sudamericanos, además del de Estados Unidos. Con ese respaldo diplomático, podría encontrar la manera de cumplir un papel constructivo y hasta decisivo. A menos que los países de ideas similares actúen con rapidez para respaldar esta diplomacia afianzada, el papel de la OEA como defensora de la democracia se debilitará y morirá.
 
¿Cuál es el problema con la diplomacia?
 
Si relacionarse diplomáticamente y actuar multilateralmente sólo significa "dejar hacer", América Latina está en graves problemas. Tenemos, con nosotros mismos y con nuestros amigos, la obligación de ser más rigurosos con respecto a cómo interpretamos lo que acontece en estos países y cómo respondemos a los retos.
 
No debería esperarse que Estados Unidos cargara por sí solo con esta responsabilidad. Los Estados democráticos de la región deberían actuar juntos y solidariamente. Sin embargo, esto sólo es posible si nuestros vecinos de América Latina y el Caribe reconocen nuestro liderazgo y creen que vale la pena luchar para salvar la democracia de la región.
 
En primera instancia, es posible que sea difícil recuperar el respaldo a la idea de una acción colectiva, pero podemos comenzar por determinar quiénes son los verdaderos demócratas de la región y apoyaros. Esto no implica defender sumisamente a cualquier aliado a cualquier costo ni elegir donde meterse por cuestiones exclusivamente ideológicas. Por el contrario, implica hablar claramente y actuar con decisión cuando nuestros valores esenciales se ven amenazados en una región cuya tendencia hacia la democracia fue alguna vez muy promisoria. A menos que demostremos una capacidad de liderazgo real, digamos lo que pensamos, reunamos a nuestros aliados y persuadamos a la OEA para que haga lo que tiene que hacer, es posible que nos encontremos en un hemisferio en el que sólo unos pocos países disfruten de la democracia, rodeados de otros que son caldo de cultivo de resentimiento e inestabilidad.
 
El artículo contó con la colaboración de la asistente de investigación de AEI Megan Davy. Nicole Passan, socia editorial del AEI, colaboró con el autor en la edición y la elaboración de este Panorama Latinoamericano.
 
Notas
 
1. Citado en Pablo Bachelet, "Rice Calls for OAS Action on Venezuela", Miami Herald, 4 de junio de 2007. (Rice insta a la OEA a que se ocupe de la cuestión de Venezuela.)
 
2. Organización de Estados Americanos, "El compromiso democrático", Temas prioritarios de la OEA, disponible en http://www.oas.org/key_issues/spa/KeyIssue_Detail.asp?kis_sec=1.
 
3. "OEA descarta emitir una condena contra Venezuela", ElUniversal.com, 3 de mayo de 2007, disponible en http://buscador.eluniversal.com/2007/05/03/pol_ava_oea-descarta-emitir_03A863083.shtml.